Una de las problemáticas que atendió la reforma de 2011 fue modificar la terminología anacrónica empleada en artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando el término “garantías individuales” por el de “derechos humanos y sus garantías”, aseveró la doctora Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su conferencia magistral.
La ponencia se desarrolló el 27 octubre en el Centro Cultural Universitario (CCU) con el tema Los derechos humanos y su implicación en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ministra Ortiz Ahlf agregó que “no solo se trata de lo que está establecido en la Constitución, sino que existen otros derechos humanos que están en los tratados internacionales de derechos humanos y que está obligado el Estado Mexicano a garantizarlos”.
Al respecto, destacó que la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “son instrumentos ratificados en el país desde 1981, que establecen la obligación de los Estados a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidas en cada uno de los instrumentos”.
Sin embargo, dijo que, en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “no tiene las facultades para revisar si las decisiones o sentencias del Poder Judicial, sean federales o locales, son acordes con los derechos fundamentales”.
Enfatizó a los presentes que los derechos humanos deben ser “la salvaguarda de las personas”.
Subrayó que la reforma de 2011 “elevó el rango constitucional de los tratados en materia de derechos humanos ratificados por la nación e incorporó en el texto constitucional los principios de interpretación conforme y pro-persona, atendiendo así esta problemática de jerarquía normativa”.
La ponencia estuvo moderada por la doctora Wondelyne Nava González, acompañada por el maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de esta casa de estudios; el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA); el maestro Joaho Bogart Acosta López, jefe del departamento de Ciencias Jurídicas; la doctora Gabriela Ortega Estrada, representante del Comité Científico del Segundo Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y el doctor Jorge Alberto Silva Silva, catedrático de esta Universidad.
Así como el licenciado Luis Alfonso Rivera Campos, rector electo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el licenciado Jesús Manuel Carrasco Chacón, Fiscal de Distrito en la Zona Norte.
