Con la implementación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, los chihuahuenses tendrán una herramienta legal con la que podrán defenderse apropiadamente de cualquier gestión que realicen tanto el gobierno estatal como el municipal, aseguró José Raúl Esparza Silva, ponente del 1er. Ciclo de Conferencias Virtuales sobre Ciencias Jurídicas.
Como precedente, Esparza comentó que Chihuahua no contaba con un órgano judicial que interviniera imparcialmente en los litigios entre los ciudadanos y el gobierno.
Pero, tras la promulgación de la Ley Estatal de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua se constituyó el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con competencia para dar resoluciones definitivas y aplicar sanciones a los servidores públicos.
“Se modificó la constitución de Chihuahua para incluir a este tribunal y dotarlo de facultades, no solo en resolución entre particulares y gobiernos, sino que también sanciona y verifica las responsabilidades de los servidores públicos”, explicó el especialista en materia fiscal y administrativa.
Asimismo, a través de este tribunal, los chihuahuenses también podrán impugnar acuerdos, reglamentos o decretos que vayan en contra de sus intereses. “Si violentan mis garantías o intereses, puedo recurrir a dicho juzgado sin problema alguno”.
La Ley Estatal de Justicia Administrativa también rescató la Ley de Responsabilidad del Patrimonio del Estado, vigente desde 2016, con la cual los ciudadanos pueden obligar al estado a resarcir los daños que haya sufrido su patrimonio a causa de alguna entidad gubernamental.
“La pauta que nos da esta ley para impugnar todos los procedimientos o actos administrativos, estatales y municipales, nos da la luz para defender apropiadamente nuestros intereses”, destacó Esparza.
Remarcó que con este nuevo estatuto se logrará realizar juicios más justos e imparciales, y además se acatará lo que constituye el artículo 17 de la Constitución, el cual establece que todos los mexicanos tienen derecho a que se le administre justicia por los tribunales competentes, en los términos procesales que marque la ley.
