Bajo el concepto de «acumulación por despojo«, la doctora Verónica Vázquez García, profesora investigadora y titular del Colegio de Postgraduados, Campos Montecillo, Texcoco, Estado de México, denunció cómo la industria minera en el país ha transformado regiones enteras en «zonas de sacrificio«, donde la contaminación química y la escasez crítica de agua recaen desproporcionadamente sobre la salud y la economía de las mujeres.
Durante su intervención en la Water Week 2026 efectuada el 27 de marzo a las 9:00 horas en el Audiovisual del edificio G-1 del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la especialista presentó los resultados de su investigación denominada “Agua, salud y género en contextos mineros mexicanos. Un análisis comparativo”, la cual estuvo financiada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) que abarca cuatro estados: Zacatecas y Sonora (tradición minera histórica) frente a Chiapas y Puebla (nueva frontera minera neoliberal).
La anatomía del despojo: de pozos de riego a pipas mineras
La doctora Vázquez García fue tajante: “la minería no solo consume volúmenes masivos de agua para la extracción y procesamiento, sino que altera la soberanía hídrica de las comunidades”.
«Las minas compran los pozos que antes eran de riego; la gente acaba siendo totalmente dependiente del abastecimiento de agua ‘disque’ potable de las minas. Son las mismas empresas las que, mediante pipas, distribuyen el recurso porque los pozos que sirven quedaron dentro de sus perímetros», señaló la investigadora.
Este fenómeno, descrito como una transferencia de riqueza mediante la privación de derechos básicos, deja a las comunidades con dos opciones críticas: consumir agua de fuentes contaminadas o enfrentar el alto costo del agua embotellada.
El costo biológico y químico
A diferencia de la contaminación biológica común (heces fecales), la minería introduce una crisis química persistente. El uso de sustancias como cianuro, arsénico, plomo y mercurio en la minería a cielo abierto genera residuos que se filtran desde las presas de jales hacia los mantos acuíferos.
De acuerdo con los datos presentados por la catedrática en el recinto, el impacto en la salud pública no se limita a infecciones menores, sino a cuadros graves de:
- Anemia e hipertensión.
- Daño renal y neurotoxicidad.
- Lesiones cutáneas y cáncer.
Género: la carga de la gestión y la impotencia
La investigación subraya que las mujeres, como gestoras principales del hogar, son las más afectadas. En estados como Zacatecas y Sonora, el costo del garrafón es significativamente más elevado que en el sur del país, lo que golpea directamente la economía doméstica.
«No es solo un problema de salud física por la calidad del agua, es un problema de salud emocional y mental», explicó Vázquez García. La impotencia de no poder garantizar agua segura para sus hijos y la carga de cuidar a familiares con enfermedades crónicas por metales pesados define la realidad cotidiana en estos contextos.
Conclusiones del estudio
El análisis comparativo de los seis proyectos estudiados (Tayahua, Peñasquito, Buenavista del Cobre, Cristina, El Bambú y Espejeras) revela un patrón sistemático de opacidad por parte de CONAGUA en el otorgamiento de concesiones en zonas de veda.
| Estado | Contexto | Impacto Principal |
| Zacatecas / Sonora | Frontera histórica | Desaparición de comités de agua y dependencia total de la mina. |
| Chiapas / Puebla | Era neoliberal | Conflictos de gestión y resistencia comunitaria para evitar aperturas. |
La doctora Vázquez cerró con un llamado a la comunidad científica, especialmente a los químicos, para buscar alternativas menos devastadoras, aunque enfatizó que, mientras el modelo de concesiones ignore el diagnóstico previo y el seguimiento real, el agua seguirá siendo el precio que pagan las comunidades por el mineral puro.
