La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos, en la que el Estado el principal personaje, afirmó la maestra Adriana Ortega Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la conferencia que ofreció en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
La maestra Ortega Ortiz fue invitada para impartir la conferencia “Violencia, Género y Justicia”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres y se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
En la conferencia dijo que en los casos de violencia contra las mujeres, el Estado es el principal personaje porque está obligado a garantizar las condiciones para que la mujer tenga una vida libre de violencia física, violencia sexual o violencia psicológica, de acuerdo a lo que se comprometieron los países participantes en la Convención de Belém do Pará.
El Estado es un personaje principalísimo, pero generalmente hay una tendencia a olvidarlo porque uno se preocupa de encontrar al responsable individual de la agresión. Se quiere enviar a la cárcel al agresor, castrar químicamente a los violadores, pero se olvida de la responsabilidad que tiene el Estado.
En la Convención de Belém do Pará se establece por primera vez el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los países participantes en esta convención se comprometieron a aplicar una serie de medidas para garantizar ese derecho.
En la conferencia la maestra Ortega Ortiz se refirió a los casos en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido para sancionar las omisiones en que ha incurrido el Estado para cumplir con esas obligaciones.
Mencionó la sentencia del Campo Algodonero, el caso de Karla Pontigo, Mariana Lima, en los que el Estado incumplió con sus obligaciones.
En el caso del Campo Algodonero, en donde fueron hallados los cadáveres de varias mujeres, la CIDH encontró responsable al Estado no por ser el perpetrador directo, pero sí porque fue omiso para tomar medidas que pudieron haber evitado esas muertes, ya que a pesar de que sabía de los reportes de la desaparición de las mujeres no operó una búsqueda.
En el caso de Karla Pontigo, las autoridades fueron negligentes para realizar a investigación de su muerte. Ella trabajaba en un bar de San Luis Potosí, en donde sufría de hostigamiento sexual por parte de su jefe y fue encontrada con múltiples heridas en la oficina gerencial del establecimiento y murió poco después en un hospital.
En este caso, el Ministerio Público acudió al lugar de los hechos 38 horas después de que se reportó el hallazgo de la mujer herida y no realizó una investigación con perspectiva de género, pese a que se denunció que sufría de acoso por parte de su jefe.
En el caso de Mariana Lima, existió también negligencia en la averiguación para favorecer al esposo de la mujer, un agente judicial del Estado de México, quien tenía antecedentes de violencia.
La mujer había tratado de abandonar al esposo por la constante violencia que sufría. Cuando fue encontrada muerta, el policía judicial dijo que ella se había suicidado y había utilizado hilo cáñamo, atado a una armella para ahorcarse.
En la conferencia, Ortega Ortiz mencionó otros casos en los que las víctimas han sido discriminadas por su condición de mujer.
